Por Evelyn Cantore.

Valeria Sordi fue separada de sus hijas el 18 de julio a las siete menos diez de la mañana, por orden de la jueza Myriam Cataldi, bajo el argumento de una revinculación de las niñas con su padre. Desde aquella mañana, sus días se convirtieron en una intensa búsqueda de justicia para poder reencontrarse con ellas.

El calvario que vive Valeria comenzó en 2010, cuando estaba pareja con Omar Antonio Herrera, suboficial primero de las Fuerzas Armadas, quien la violentaba psicológicamente estando embarazada. En noviembre de ese año realizó la primera denuncia por violencia familiar. En agosto de 2011, estando ya casados, volvió a denunciarlo por el mismo motivo, tras haber sido golpeada, cayendo arriba de su bebé. En aquel momento tomó la decisión de separarse.

En abril de 2013, ya separada (de hecho, porque el divorcio recién lo consiguió en 2015) y durante las visitas de Herrera a la niña previamente acordadas en la Justicia, Valeria sufrió una violación por parte de su ex marido. El hecho fue presenciado por la hija, incluso, años después, lo describió en su diario íntimo, con sus palabras, pero fue muy clara.

La única resolución de la Justicia fue brindarle el botón antipánico, minimizar  la violencia sexual y el embarazo producto de ese hecho, y darle treinta días de prohibición de acercamiento y contacto a Herrera. Le abrieron una causa penal y fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, sin embargo, parece no importar al momento de permitirle ejercer la paternidad con total naturalidad.

Durante los años siguientes, Valeria hizo un esfuerzo sobrehumano para que la relación de Herrera con sus hijas sea la mejor posible. Tal como deben hacer la gran mayoría de las mujeres y madres que luchan para que los padres se vinculen con sus hijxs, aún cuando se incumplan con los acuerdos o se trate de violentos y psicópatas, porque para una Justicia patriarcal eso no importa. “Me revienta que me pongan días, yo vengo cuando quiero”, cuenta Valeria que le decía Herrera con respecto a los acuerdos de visitas.

En agosto de 2018 el juez Diego Iparraguirre del juzgado civil nº 7, donde están asentadas todas las denuncias, fue reemplazado por la jueza Myriam Cataldi, y la situación se volvió aún más insostenible. Cataldi decidió intimar a Valeria por no haber asistido al tratamiento psicoterapéutico en el Hospital Naval luego de haber sufrido la violación, instándola a cumplir tareas comunitarias que tenían que ver con el cuidado de chicos y chicas sin madre ni padre una vez por semana durante seis meses, en el horario en el que sus hijas estaban en la escuela.

En noviembre de 2018 se firmó un acuerdo de dos semanas para comprobar si Herrera era capaz de cumplir, pero sin la presencia de una asistente social ni psicóloga argumentando que él “estaba bien de la cabeza”, por ende no era necesario contar con las profesionales en los encuentros. Ante este panorama y el incumplimiento por parte del padre, el 4 de febrero de este año se realizó una audiencia con la jueza Cataldi y el defensor de menores Marcelo Jalil para que las hijas de Valeria sean escuchadas. No sólo él no se presentó, sino que las dejaron esperando una hora y media sin darles la oportunidad de poder expresarse, demostrando un completo destrato hacia la madre y las niñas.

El 8 de marzo durante una nueva audiencia, la hija mayor de Sordi y Herrera pedía a gritos  vivir “para siempre” con su mamá, asegurando que no estaban respetando sus derechos y los de su hermanita. Clarísima. Sin embargo, la Justicia hizo oídos sordos.

El 23 de mayo Valeria presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por las irregularidades en el desempeño de la jueza Cataldi, detallando cada una de las denuncias desde el principio. Finalmente, el 18 de julio a las siete menos diez de la mañana arrancaron a sus hijas de su hogar, bajo la orden de Cataldi. Recién el 8 de agosto le permitieron verlas sólo veinte minutos en el Ministerio Público Tutelar y sólo podía dialogar con sus hijas basándose en las preguntas “¿cómo estás?” y “¿cómo estuvieron las vacaciones?”, sin poder tener la libertad de hablarles de lo que quisiera, con la amenaza de no volver a verlas. Otra vez, la más grande exigía que se respetaran sus derechos, pedía volver con su mamá. La coordinadora, Denise Benatuil (psicóloga) tironeó de los brazos a la niña, que abrazaba fuerte a su mamá y terminó tirada en el piso. Además, les prometió volver a verla la próxima semana. Pero eso no sucedió. Valeria respira incertidumbre cada segundo.

El argumento de Cataldi para extraerle sus hijas a Valeria es una supuesta revinculación con el padre, desestimando no sólo que sí había vínculo sino pasando por alto los hechos de violencia y el incumplimiento por parte de él. Además, en la documentación presentada asegura que una psicóloga y una psiquiatra (de quienes no da nombre ni matrícula) del Hospital Durand dictaminaron: “La señora Sordi presenta un desequilibrio mental del tipo paranoide, lo cual afecta el ejercicio de su rol materno, exponiendo a las niñas a situaciones de violencia de las que deben estar absolutamente protegidas y salvaguardadas por un progenitor responsable”. ¿Acaso un señor que es violento con su esposa e hijas es alguien adecuado para quedar al cuidado de las criaturas? ¿No es contradictoria, entonces, la condena de cuidar niños y niñas que se le había impuesto a Valeria?

¿Qué está esperando la Justicia para reaccionar en favor de los derechos de las niñas?