Por Samir Muñoz Godoy.

Han pasado tres meses, casi una estación, desde que Chile salió a las calles y el gobierno sacó el arsenal. En el aire flotan las pavesas del día a día que es la yesca, de las injusticias que fue combustible, de la rabia que emergió.

De fondo, es claro lo que sucede: una ciudadanía cansada de generaciones de abuso y privilegio, de vivir sometida a una vida precaria e indigna, que ha tenido su epítome en el formato capitalista neoliberal de las últimas décadas. Toques de queda, saqueos, vergüenzas policiales y ministeriales, acusaciones constitucionales, muertos, heridos y mutilados; política y sus pasillos, acuerdos por la paz social y la nueva constitución, agendas sociales con risa socarrona, intentos de ansiolíticos para una población con rabia y esperanza.

Quiero intentar explicar a mis amigos argentinos y migrantes qué va sucediendo en Chile. Pero no sé por dónde agarrar la situación actual: cuando intentas asir alguno de sus vértices, se siente como un pez húmedo y espinoso que se te escapa de las manos y te deja heridas.

¿Numerar las violaciones a los derechos humanos, nombre internacional para decir traiciones de un gobierno a la población, sadismo de fuerzas armadas contra su pueblo, herencias de una dictadura impune y aun reciente?  Las últimas cifras son 23.000 detenidos, 3.649 heridos, el triste récord de 405 mutilados en la mirada. 473 querellas por torturas por parte de Carabineros, o Fuerzas Armadas, o Policía de Investigaciones: por el Estado. 135 víctimas de torturas con violencia sexual, 71 mujeres y 64 varones. Son cifras oficiales del gobierno, vía Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cada cifra es una espina en la garganta, y una posible impunidad en ciernes. 27 muertos en hechos siempre rodeados de bruma y malas narrativas: personas calcinadas en incendios con autopsias que no investigan heridas, un manifestante que falleció en el epicentro de las protestas mientras los profesionales de la salud que intentaban reanimarlo eran reprimidos por carabineros. Resuenan también los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes quedaron ciegos por mano de carabineros; resuenan porque desaparecieron del ambiente mediático y no hay información de culpables. Los únicos policías expuestos ha sido un grupo de doce uniformados que estuvieron poco más de una semana en prisión preventiva tras ser grabados en vivo, por televisión, golpeando a Moisés Órdenes, quien protestaba con un sartén; el teniente Martin Blanc, quien fuera visto en alta definición pateando por la espalda a su compatriota, señaló entrevistado por el canal público chileno que “yo no voy a reconocer las lesiones que tiene esa persona porque nosotros no se las hicimos”. Se cambió la carátula del caso, ya no son graves torturas, ahora esa mera violencia excesiva. Violencia que terminó con una persona múltiples fracturas y con pérdida de visión de un ojo, violencia que tiene ese ánimo arisco y pendenciero del que quiere acallar al que protesta. ¿Cómo reparas el dolor o el trauma? ¿Cómo le devuelves la visión a alguien cegado? Es ridículo a este punto incluso esperar con un reconocimiento público de la culpa y la vergüenza: un ejemplo del insano actuar de la oligarquía chilena: el primo del presidente y ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, fue destituido de su cargo tras aprobar el Senado una acusación constitucional en su contra por las violaciones a los derechos humanos; actualmente es la persona que Sebastián Piñera ha postulado para ser el coordinador de Chile Vamos, la coalición de partidos de derecha, de las propuesta para el proceso constituyente, mientras el partido pinochetista lo tilda de ser “la gran víctima de Chile en este último periodo”. La falta de vergüenza de una clase que se cierra sobre sí misma raya en lo obsceno.

¿Podríamos, quizás, señalar que van tres meses de protestas y estado de crisis, lo que significa desde las hermosas resistencias y manifestaciones, la ocupación de la calle, hasta los actos de mala calaña que se ocupan para criminalizar la protesta y los actos reaccionarios de lo más rancio de una sociedad? El cotidiano de los chilenos se ha tiznado de noticias incendiarias y testimonios de ciudades en hecatombe. De los saqueos, de los que tanta alharaca hicieron los medios de comunicación y tanto hincapié hizo el gobierno, poco queda más que su estela, pero vale señalar dos hechos explicativos: la detención del Karim Chahuán, concejal de Renovación Nacional, partido de la derecha gobernante, y sobrino de un senador que se opone a la nueva constitución, por colaborar con bandas de narcotraficantes en ilícitos, siendo la realización de saqueos lo que destapó el caso. El otro, al general de carabineros, Mario Rozas, señalando que no impedían incendios ni saqueos en tanto “es una estrategia de persecución penal inteligente”. Al final, el resultado de los actos vandálicos que tanto escandalizaron a los gobernantes ha sido una ley que tiene su foco en criminalizar la protesta: en Chile, cortar el tránsito en una protesta o andar a cara cubierta en un ambiente de represión con lacrimógenas, será penado con cárcel. La clase privilegiada ocupó el caos a su favor: coartar las posibilidades de protesta y oposición ciudadana a su sistema de enriquecimiento a costa del país. En la misma línea, el gobierno lo ha usado para marcar la agenda política y legislativa, poner un foco que encandile. Un día el presidente sale tan campante en CNN en español diciendo que “la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso ha habido participación de gobiernos e instituciones extranjeras”; otro día anuncian que se estudia limitar el derecho a reunión, ahora que se dieron cuenta que la gente tenía asidero legal para protestar sin tenerle que pedir permiso a ningún intendente o autoridad. Más inmediato en su gravedad, senadores han aprobado en general (lo que significa que debe ser votado también en cámara de diputados) el proyecto que da la facultad al presidente de turno de sacar militares a las esquinas donde haya infraestructura crítica. Es decir, que un presidente con seis por ciento de aprobación se le planea dar atribuciones de libre disposición de las fuerzas armadas, vía decreto y firma. Sin contar que “infraestructura crítica” es un eufemismo para decir “donde se le plazca” mientras no esté definido por ley; y no parece que vaya a estarlo. Cuando los grises les son útiles, ahí quedan: permiten después lavarse las manos, como hicieran con las condiciones ilegales de estado de sitio que impusieron bajo la excusa de estado de emergencia, en los lejanos días de octubre.

Sería posible, también, recorrer los vericuetos de los acuerdos políticos en el congreso, que ha expresado más bien la medida de los controladores de la riqueza antes que las exigencias por una vida digna. Aquí, resuena el “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, en ese orden de prioridades. Con toda su muestra de educación cívica, el 10 de noviembre del año pasado, el gobierno acordó con su coalición anunciar un proceso de cambio constitucional por medio de un “Congreso constituyente”: que fueran los congresales deslegitimados y reproductores de la superestructura del sistema los que escribieran la nueva carta magna. A los dos días, la oposición por centro e izquierda señaló que el método era una Asamblea Constituyente, reivindicación y necesidad de cambiar una constitución ilegítima que ya venía hace al menos siete años en boga.

Pasaron tres días, y nuevamente, en otra muestra de la capacidad de negociación y diálogo de la clase política, los partidos de derecha, de centro y centro izquierda, junto a dos partidos de la nueva izquierda, firmaron el acuerdo mencionado donde se someten a un plebiscito para elegir el método de escritura de la nueva constitución: Convención constituyente (porque Asamblea es mala palabra) o Convención Mixta, más los pasos y plazos necesarios para dotar de legitimidad. Como más reciente muestra del tenor de este acuerdo democrático y salvavidas gubernamental, hace un par de días, Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, uno de los partidos de nueva izquierda firmantes, señaló: “el día lunes se comunican con nosotros para decirnos que había 24 horas para cerrar un acuerdo porque si no el gobierno amenazaba con que iban a volver los milicos a la calle”. La coerción y el miedo son el método que mejor aprendieron en siglo pasado las clases dominantes, y sus malas costumbres se han vuelto un asunto familiar. Basta ver el actuar de la ministra de educación, Marcela Cubillos, quién apoyó la continuación de la Dictadura militar durante sus mozos años de dirigente estudiantil, contra los estudiantes que volvieron a dar muestra de coraje y sentido al oponerse a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

En Chile, como sabrán, la universidad tiene boleta de usura; al mismo tiempo, para ser digno de pagar hay que sacar buen puntaje en una prueba estandarizada a nivel nacional, de la que se sobran estudios académicos que alertan que solo segrega y favorece a quienes salen de colegios más caros. En fin, esta ministra de la democracia, digna hija de un ministro de dictadura, invocó leyes antiterroristas contra la funa —escrache— convocada a la prueba, y sancionó con la exclusión de dar la prueba a aquellos que se opusieran. ¿Cómo se demuestran los culpables de oponerse a la injusticia? Por la simple delación de algún adulto. Mientras, circulaban los videos de peludos vástagos de la dictadura con la vejez en ciernes, agrediendo a adolescentes que agitaban consignas contra la PSU, fuera de colegios. Obviamente, para los agresores, no hubo ni escándalo mediático, ni panelistas lanzando acusaciones, ni columnas de opinión tratándolos de matones, como adivinarán sucedió para con quienes protestaban.

Estas son aristas de la indignación. Ninguna termina de ser un punto principal: ni la impunidad, ni la violencia, ni los ansiolíticos de la política; pero sí sirven para entender por qué se extienden por tres meses las protestas. Es un día a día avasallado, con noticias que parecen acciones de pirómanos y mercenarios. Pero nada de eso puede detener la generación de una épica y una consciencia, el gran triunfo que, creo, de momento, ha tenido este proceso para los chilenos. Si el gobierno parece un pez estertóreo clavando espinas y escamas, la sociedad sigue dando muestras de ser corriente y oleaje. La avanzada del gobierno con su acuerdo llevado a puerto bajo amenaza, se vio forzado y se tornó urgente cuando la Asociación Chilena de Municipalidades comenzó a organizar un proceso que desembocó en una consulta ciudadana. Mientras tanto, se sucedían cabildos y asambleas, espacios de diálogo y debate donde las comunidades iban dando forma de propuesta e intención a la rabia liberada.

El 92% de los chilenos respondió que era necesario cambiar la constitución; el 72% que el método era la Convención —Asamblea— Constituyente. El 98% está de acuerdo que lo culpables de casos de corrupción no puedan optar a cargos públicos. Sobre las prioridades, las primeras tres por amplia mayoría fueron mejorar las pensiones y condiciones de vida de los jubilados; la salud pública y su financiamiento; el acceso y la calidad de la educación pública. Si el gobierno o la clase política no puede comprender lo necesario para que las protestan cesen, es porque no quiere: la ciudadanía es explícita en las demandas de lo necesario para una vida digna de ser vivida. Sí, se inició el proceso de cambiar la constitución, y eso quedará en los libros y la historia con ribetes. Pero ese proceso no se inició en Octubre de 2019, sino mucho antes. El 2013 se hablaba ya de Asamblea Constituyente, el 2015 Michelle Bachelet comenzó un truncado proceso que cambio de la constitución, que con la llegada de Piñera al gobierno quedó coartado; si la coalición de derecha tuvo necesidad de retomarlo, fue por desesperación: con esa misma convicción, se han ido descolgando y declarando que votarán rechazo a la nueva constitución, orquestando una campaña mediática desde sectores evangélicos y anticomunistas donde la tónica es convocar el miedo entre los suyos.

Subyacen, más allá del día a día, el paisaje de fundo y sus capataces, ese horizonte indigno que es el combustible del ánimo de rebeldía. Son tantas cosas, son tantas injusticias en este país del fin del mundo: Chile vive una sequía acicateada por usura de tinte agrícola y derechos de agua en manos de privados. Siguen apareciendo datos de los robos al país por parte de los mismos represores, carabineros y militares: vidas de privilegio a costa de sangre y sudor ajeno. Armamento perdido desde cuarteles policiales que terminan en manos de otros criminales, senadores molestos por límites a la reelección, quizás añorando aquellos tiempos tan cercanos de dictadores con puestos congresales vitalicios. Videos de detenciones violentas en el límite de lo legal: utilizando automóviles sin identificación, vestidos de civil, secuestrando a personas en la vía pública para llevarlas ante la parcialidad de tribunales. Los ciudadanos enfermos siguen recibiendo turnos después de muertos, o dando estertores en los pasillos, teniendo que rascar los beneficios al tiempo que pagar todos los costos, mientras el ministro de salud, expulsado del colegio médico por sus faltas de ética, dice que el sistema de salud chileno es uno de los mejores del mundo. Podríamos seguir, porque el panorama chileno muestra una ciudadanía manifiesta y una clase social que responde con represión: y si digo clase, es porque se han enseñado entre ellos a mantener dominado el territorio, a su servicio: porque han acumulado la riqueza para vivir con números suecos mientras las vidas de sus compatriotas terminan en gráficos africanos, continente que todo sabemos saqueado y vapuleado por lugartenientes.

El gobierno y los sectores dominantes han ganado miedo y se aferran a ello con todo el cinismo posible. Parecen querer aguardar a ver qué pasa en abril, cuando comience el proceso político de la nueva constitución. Mientras tanto, se van atrincherando de atribuciones legales para la violencia, de relatos oscuros sobre el apocalipsis de perder sus privilegios; mientras tanto, que los carabineros sean la cara visible de la política pública frente a la protesta por dignidad y justicia. Pero, en estos tres meses de rabia y conciencia en Chile, hay un sentido claro y que no va a cambiar de acá a un par de meses: los chilenos ya no quieren llegar a ser privilegiados, sino que exigen condiciones de vida digna para todos: esa es la derrota de la meritocracia y el individualismo que se enquistó a punta de fusiles y desaparecidos. Ese es el ánimo liberado. Con coordenadas bonaerenses, el sueño ya no es llegar a alquilar en Barrio Norte y que el resto, ajo y agua; el sueño es que al sur de Rivadavia y más allá de la General Paz, todos vivamos bien. Ese es lo que despertó en Chile: la conciencia de vivir en comunidad, el poder de sentirse entre los tuyos.

Poema clip realizado en Diciembre del 2019, por un grupo de chilenxs migrantes en Buenos Aires.

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